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HERMOSILLO.– La Contraloría del Gobierno de Sonora ha realizado auditorías en varias dependencias estatales, entre ellas TELEMAX, por el caso de la Estafa Maestra, e incluso indaga a su extitular Daniel Hidalgo Hurtado, quien fungía como Director General de la televisora estatal cuando presuntamente se llevó a cabo este mecanismo fraudulento que implicó un posible quebranto por 300 millones de pesos.
Ha pasado más de un mes desde que el Contralor Guillermo Noriega Esparza anunciara el pasado 19 de enero, en una conferencia de prensa, que desde el 13 de septiembre del año pasado —al inicio del Gobierno de Alfonso Durazo— se iniciaron estas labores de investigación, sin embargo no se ha presentado una denuncia por parte de la Contraloría ni se ha ejercido ningún tipo de acción penal por las instancias correspondientes, a pesar, de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus cuentas públicas de 2016 y 2017, diera a conocer estas irregularidades.
Tanto Daniel Hidalgo, como la exgobernadora Claudia Pavlovich, en su figura como expresidenta del Consejo de Administración de TELEMAX, están involucrados en esta trama. En lo que respecta a Pavlovich (2015-2021) como Presidenta del Consejo de Administración de la televisora debió estar enterada de la contratación de los servicios solicitados por la SEDATU a la televisora estatal, los cuales a su vez subcontrató con otras empresas por arriba del porcentaje permitido en la Ley.
No es usual que una televisora como ésta, que prácticamente está en quiebra financiera, haya tenido tal cantidad de ingresos. Como Presidenta del Consejo de Administración, Pavlovich omitió presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalan expertos. El Consejo de Administración de TELEMAX sesiona cuando menos dos veces por año, y así mismo debe aprobar los estados financieros presentados por el administrador y representante legal.
Para Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados y exsubprocurador de justicia del estado de Sonora, cuando menos la exgobernadora Claudia Pavlovich, incurrió en omisiones sumamente relevantes y graves constitutivas de ilícitos penales por omisión y por los hechos determinados que la ley señala como delitos.
“El uso indebido de atribuciones se constituye porque a sabiendas de que no podían celebrar esa contratación en la forma en que la hicieron, es decir, rebasaron el 49 por ciento que la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público prevé, pese a eso, la exgobernadora en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de TELEMAX, aprobó esas contrataciones o cuando menos no las evitó”
ESTAFA MAESTRA EN SONORA
El esquema de la Estafa Maestra que se implementó en Sonora fue mediante el convenio general de colaboración número SEDATU/COMSOC-TELEMAX/2016, con fecha del 19 de abril del 2016, celebrado entre el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), y la Televisora de Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable (TELEMAX), representada Daniel Hidalgo Hurtado.
Las partes manifestaron en ese entonces que el convenio se celebraría de acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y del artículo 4 de su reglamento.
“Yo, Daniel Hidalgo Hurtado, en mi carácter de Director General y Representante Legal…declaro bajo protesta de decir verdad, que: la Televisora de Hermosillo es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, para la realización de los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que no se requerirá de la contratación de terceros en un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe total del convenio específico a celebrarse con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, se lee en la declaración que suscribió Daniel Hidalgo mediante este convenio.
El servicio por el que se contrató a la televisora del estado fue para: “Desarrollo de la Estrategia, Creatividad, Producción, Planteamiento Conceptual para Diseño y Edición de Material en Audio, en Video y Gráfico de Comunicación Social; Evaluación Sobre Hábitos de Consumo de Medios de Aplicación de Sondeos de Opinión para Medir el Posicionamiento de Satisfacción e Impacto de los Programas y Acciones Relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y las Entidades Paraestatales Sectorizadas.”
No obstante, y pese a lo manifestado por Hidalgo Hurtado, se subcontrató a nueve empresas por el 98.5 por ciento del total de los recursos otorgados por la SEDATU a TELEMAX, a pesar de que dicha empresa paraestatal se comprometió a no contratar con terceros un porcentaje mayor del 49 por ciento del importe total del convenio yendo en contra de lo establecido por el artículo 1 párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4to de su reglamento.
Esto quedó evidenciado en la auditoría 1794-DS-GF practicada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a TELEMAX, específicamente en la cuenta pública 2016, donde se establece que la televisora contrató con terceros ese 98.5 por ciento de los servicios requeridos por SEDATU.
Daniel Hidalgo, en las declaraciones efectuadas por parte de TELEMAX, específicamente el numeral 11.6, estableció que la paraestatal contaba con la infraestructura técnica y humana para cumplir con el objeto del convenio; lo cuál fue incumplido al otorgar casi el 100 por ciento de los servicios solicitados a diversas empresas que resultaron ser apócrifas.
Según las auditorías de la ASF las firmas contratadas resultaron ser empresas inciertas, de fachada, creadas ex profeso para emitir las facturas correspondientes a las que la televisora les efectuó pagos por servicios que nunca se llevaron a cabo, circunstancia por la cual el erario federal sufrió un quebranto que ascendería a 311 millones 891 mil 655.53 pesos, cantidad que mediante diversas partidas le fueron transferidas a esta empresa televisora, tal y como se determinó en la auditoría practicada a dicha empresa por parte de peritos forenses pertenecientes a la ASF.
