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Luego de una audiencia inicial de más 18 horas, un juez federal vinculó a proceso a los ministerios públicos del Fuero Común sector 1 y 2 de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) con sede en Ciudad Obregón.
Se les hizo responsables de los delitos contra la administración y procuración de justicia cometido contra la libertad de expresión de Marco Antonio Duarte y Miguel Valdés, ya que durante la investigación derivada de la denuncia que interpuso en julio de 2020 el director de la Central de Autobuses, Omar Serna, los periodistas fueron incomunicados por más de 17 horas de forma ilícita.
Los funcionarios de la Fiscalía del Estado escucharon la acusación en su contra por parte de los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes presentaron más de 50 datos de prueba ante el Juez federal, el cual determinó que existían elementos suficientes para tener acreditado el delito de incomunicación ilegal contra los periodistas y su probable participación, decisión de la que estuvieron conformes los agentes Ministeriales de Sonora.
Tras escuchar las acusaciones la defensa de los ministerios públicos del Sector 1 y Sector 2 de la FGJE en Ciudad Obregón, solicitaron una medida alterna de solución de conflictos, aceptando su responsabilidad penal y ofreciendo a los periodistas una disculpa pública, lo que fue otorgada por el juez federal pese a la inconformidad del asesor jurídico y de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ya que consideraron insuficientes el ofrecimiento de la defensa para reparar el daño causado por la incomunicación que fue permitida por los funcionarios estatales el pasado 30 y 31 de julio de 2020.
La FEADLE con las más de 50 pruebas contra los ministerios públicos estatales solicitó la separación del cargo de ambos imputados, ya que se encuentran a cargo de la seguridad de la sociedad del sur del Estado de Sonora y representan un riesgo para las víctimas, familiares y testigos.
Luego de escuchar ambas partes, el juez federal alrededor de las 4:00 de la mañana de este miércoles decidió conceder lo solicitado por la defensa de los ministerios públicos del fuero común imponiendo una sanción económica de 30 mil pesos para el fondo de administración de Justicia, una disculpa pública que deberá realizarse en una audiencia ante ese juzgado, la restricción de no acercarse a las víctimas, familiares y testigos, un año de trabajo comunitarios consistente en 2 horas cada sábado, realizar un curso de derechos humanos y leer una sentencia de la Suprema Corte en donde define el término de periodistas, con esto los funcionarios estatales quedarán sin antecedentes penales y podrán continuar despachando desde las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Ciudad Obregón.
