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HERMOSILLO.- Con la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Decreto que reforma el Código Penal y la Ley de Salud, el Congreso del Estado atiende problemáticas que aquejan a los trabajadores de la salud y, en general al pueblo sonorense, a consecuencia de la pandemia por el virus COVID-19.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, María Magdalena Uribe Peña, sometió a consideración de la asamblea un orden del día alterno con las firmas de 17 diputados, a efecto de omitir el punto cuatro relativo al dictamen de reforma electoral, propuesta que fue aprobada por mayoría.
En este punto se incluía además un voto particular de los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega Torres.
En el desarrollo de la penúltima sesión del periodo ordinario prorrogado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, presentó la iniciativa con proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con un enérgico llamado al respeto de nuestros héroes de la salud, por considerar lamentable que para el 19 de abril, la CONAPRED ya había recibido 140 denuncias por discriminación derivada de la emergencia sanitaria, de las cuales más del 25 por ciento fueron interpuestas por personal de salud.
Se trata de una norma que toma de base las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a efecto de que quienes habitan el Estado, tengan lo mínimo indispensable para su subsistencia.
Propone que, en casos de emergencia o excepción, como el que actualmente nos encontramos, los gobiernos estatal y municipales deberán encargarse, sin mayor trámite, de garantizar la subsistencia alimentaria de los grupos más vulnerables de la población.
