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Como una medida sin sustento legal y por lo mismo inviable calificó la diputada local Ernestina Castro Valenzuela la propuesta hecha desde la Contraloría municipal de solicitar un juicio político contra ella y el regidor Rosendo Arrayales Terán.
Dicha propuesta considera como "abuso de autoridad" cometido por ambos al pintar de blanco la franja que la Secretaría de Desarrollo Urbano había pintado de rojo para impedir el estacionamiento vehicular en la calle Quintana Roo.
Los artículos que se citan en la nota de Contraloría no son aplicables a una situación como esa, mencionó la legisladora cajemense por Morena.
Dijo que ella y Arrayales actuaron como ciudadanos en apoyo de otros ciudadanos que rechazan la imposición de la franja roja en la Quintana Roo donde aún no ha habido un acuerdo definitivo de las partes en conflicto.
"No entiendo que buscan con esto el Presidente Municipal y el secretario de Desarrollo Urbano, cuál es su juego político", comentó la coordinadora de la bancada morenista en el Congres local.
Sobre el contralor José Guerra Beltrán señaló que "debería atender las denuncias de corrupción contra las anteriores administraciones municipales, que fueron priistas, con las que él colaboró y ahora las protege así como se desentiende de las acusaciones contra la administración actual".
Consideró que sería risible entablar un juicio político por la pinta de unos metros en la acera de una calle donde los vecinos que allí viven tienen voz y voto.
