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CDMX.- El acceso equitativo al agua, con participación de representantes indígenas y comunitarios en las decisiones y gestión del líquido, es el objetivo de la nueva Ley General de Aguas que fue presentada en la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y su aprobación o rechazo.
El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, participó como testigo en la entrega de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que tuvo lugar hoy en la Cámara de Diputados.
“Se trata de revertir el sesgo neoliberal de la Ley General de Aguas, revertir los procesos de privatización y mercantilización de este recurso vital y realizar una gestión democrática y sustentable del agua", aseguró Suárez.
La Iniciativa propone el reconocimiento de la propiedad del agua a las comunidades indígenas, crea Consejos de Aguas y Cuencas integrados por ciudadanos, que se encargarían del manejo y administración del recurso, así como de supervisar proyectos.
Organizaciones que representan a más de 400 comunidades indígenas expusieron que actualmente sólo 2% de los ciudadanos mantiene monopolio sobre 75 por ciento de reservas de acuíferos, lo que ha significado el despojo del líquido a los pueblos originarios.
La propuesta pretende cambiar la legislación actual, que es extractivista, hacia una ley que cuide el agua y que se privilegien los usos humanos sobre los usos industriales y sobre los intereses capitalistas de ganancias de dinero.
La iniciativa de Ley General de Aguas prevé que Consejos de Aguas y Cuencas incluyan representantes de pueblos indígenas, investigadores, sistemas comunitarios, afectados hidricoambientales, productores agrícolas para la soberanía alimentaria y representantes de ecosistemas y cuerpos de agua, elegidos por sus propias asambleas.
Estos consejos elaborarían planes hídricoambientales vinculantes, y los organismos de cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como las comisiones estatales, estarían a cargo de su ejecución.
Contralorías ciudadanas auto-organizadas asumirían la responsabilidad de monitorear el buen funcionamiento de estas instancias y el cumplimiento de sus planes y decisiones por parte de los funcionarios.
