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HERMOSILLO.- El excoordinador general del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), Francisco Arnaldo Monge Araiza, presentó en el Congreso local una solicitud de juicio político contra la fiscal sonorense Claudia Indira Contreras Córdova.
En el escrito de 29 cuartillas y un anexo de 14 mil fojas, presentado por el excolaborador de Guillermo Padrés ante la Oficialía de Partes del Legislativo sonorense, se argumenta que la fiscal ha caído en “desacato” de ordenamientos jurisdiccionales, se ha negado a ofrecer “acceso efectivo a la justicia”, “retrasa el esclarecimiento de los hechos”, “encubre culpables” y “propicia la impunidad”.
Estas irregularidades fueron reconocidas y sancionadas por el juez de control del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sonora, quien dio por concluida la causa preliminar 76/2019 y determinó que quedó probado el incumplimiento, pues durante año y medio la fiscal “hizo caso omiso a las determinaciones del Tribunal”.
Señaló que se apercibió a ministeriales en dos ocasiones y ordenó que se le diera vista a la autoridad federal competente, al juez de distrito en turno, a la propia fiscalía sonorense y al Congreso local.
“Este no es un capricho Pancho Platas, no, es una instrucción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y espero que este Congreso sea capaz de llevar este juicio político con determinación y quitarle un fiscal carnal a Sonora y al gobierno, para que pueda actuar y ofrezca justicia a todos”, destacó Monge Araiza.
El procedimiento derivó de la causa penal SON/HER/PGE/2016/503/00057, en la que Francisco Arnaldo Monge Araiza; su esposa, Lillet Galaz Villaescusa, y su amigo Manuel Antonio Fimbres Villaescusa, identificaron a los 12 presuntos culpables de tortura y fabricación de delitos, los cuales no han respondido hasta ahora a la justicia, porque mediante recursos dilatorios se ha retrasado su participación en la disputa legal.
En hechos ocurridos la madrugada del 11 de septiembre de 2016 en Bacadéhuachi, Sonora, el solicitante de juicio político fue inculpado de portación de arma de fuego y posesión de tres gramos de droga sintética conocida como crystal, supuestamente para su venta y distribución.
Monge demostró que al momento de la ilegal detención él se encontraba dormido en su casa, en compañía de su esposa embarazada, cuando 15 personas encapuchadas y armadas irrumpieron en la alcoba matrimonial, bajo la amenaza de un secuestro, y para liberarlo le pedían la cantidad de 300 millones de pesos.
El acusado probó su inocencia frente a un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, que lo absolvió a él y a su amigo de toda acusación, con una sentencia de “exclusión de prueba ilícita”, es decir, lo consideraron víctima de una “fabricación de delito” por artificio del gobierno sonorense.
El ofendido contrademandó, pero la fiscal sonorense se ha negado a judicializar la carpeta de investigación, porque un juez de Control llamaría a cuentas a los agentes estatales y sus cómplices que participaron en la ilegal retención en Bacadéhuachi, en septiembre de 2016.
La justicia se ha tardado tanto que en estos tres años de espera ya han muerto en servicio dos de esos agentes señalados: Alberto Vázquez y Darío Montaño Miranda.
