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El derecho a una formación profesional no se cumple en el caso de Samuel Espinoza Rodríguez, el joven expulsado de la Escuela Normal El Quinto por las autoridades de ese plantel.
El pasado 21 de mayo, cuando iba a entrar al salón de clases se lo impidieron con el argumento de que ya no era alumno porque así lo había decidido la dirección del plantel.
De esa manera pretendieron deshacerse de un estudiante que se ha caracterizado por su particpación en protestas estudiantiles, algo que no es extraordianrio en una institución cuyos egresados de varias generaciones pasaron por el activismo político y hoy son maestros formales, algunos incluso funcionarios públicos.
La expulsión arbitraria de Samuel no sólo fue inadmisible para él sino también para sus padres, Adolfo y Sandra Luz, quienes iniciaron con él una huelga de hambre en el exterior del plantel ubicado en el Municipio de Etchojoa.
Adolfo menciona los pretextos absurdos que se han esgrimido en diversas ocasiones para expulsar a su hijo.
En una de ellas, el pretexto fue que Samuel, como todos sus compañeros de equipo, se cortó el cabello al rape porque habían perdido un partido de futbol.
Algo que no hubiera pasado de ser una anécdota estudiantil pero que en su caso fue motivo de una amonestación y advertencia; de seguir así sería expulsado y obligaron a la madre a firmar una carta donde se comprometía a no permitir que su hijo volviera a raparse o cometer otro acto de "indisciplina".
Poco después Samuel participó en una huelga junto con otros compañeros inconformes porque el planbtel no cuenta con la infraestructura necesaria para que los internos vivan dignamente. Incluso la fallas en la refrigeración provocan que en ocasiones la comida se pierda y así se las dan.
Mi hijo, dice Adolfo, fue uno de los pocos estudiantes que pudieron hablar con Lucía López Cortez, rectora del Centro de Formación Profesional (Creson), "y también lo ficharon por eso".
La última actividad de protesta en la que participó juntos con sus compañeros fue porque no les llegaban los apoyos que otorga el gobierno federal a través del Creson, pero a pesar de eso los hacían firmar como si los hubieran recibido.
Por su participación en estas acciones, la dirección el plantel expidió un documento de baja definitiva que hicieron llegar a los padres pero ellos no lo aceptaron.
Por el contrario, decidieron luchar junto con su hijo para defnder su derecho a la educación y junto con él iniciaron una huelga de hambre que duró del 27 al 31 demayo, huelga que suspendieron por la promesa de un funcionario público (no dicen quién) que les ayudaría a obtener la readmisión de Samuel como alumno de El Quinto.
En este trayecto han hablado con funcionarios de diversa índole que los han escuchado y se han comprometido a ayudarlos, como el diputado Jesús Alonso Montes Piña quien prometió llevar el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Pero mientras llega el apoyo necesario, Adolfo y Sandra siguen luchando por la readmisión de su hijo y que se haga valer su derecho a la educación.
La expulsión de Samuel se hizo violando el reglamento interno, sin investigación que validara esa medida y eso no es legal, dice el padre.
Ahora la familia completa, padre, madre e hijo, exigen la reinstalación y el cese de los directivos de El Quinto por tomarse atribuciones que no les conrresponden.
El caso de Samuel confirma la versión que ha corrido sobre una política oficial de "limpieza de El Quinto" para que no sea el espacio educativo donde años atrás se formaban maestros comprometidos con luchas de reivindicación social.
Si esta versión es infundada, al menos en este caso cobra vigencia.
