|
Las duras críticas que recibió el contralor municipal José Guerra Beltrán en la reciente sesión de Cabildo en la práctica eran un cuestionamiento hacia hacia su jefe, el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal.
A cincuenta días de haber iniciado su administración, Mariscal no ha fijado una postura clara respecto a los presuntos actos de corrupción que señalan los regidores Bours y Arrayales o funcionarios como Rodrigo González, el director general del Oomapasc, actos atribuidos a las dos administraciones anteriores, 2012-2015 y 2015-2018.
Desde la controversial adquisición de alumbrado led a la existencia de contratistas y proveedores privilegiados o "socios", hasta los hoyos financieros detectados en el Oomapasc, son varios los casos que involucran a exfuncionarios como presuntos cómplices de delitos contra el Ayuntamiento de Cajeme.
Casos que primero deben investigarse antes de señalar culpables, obvio, pero que también exigen al Alcalde en funciones definir si está dispuesto a analizar cada uno y llamar a cuentas a los involucrados.
O asumir la cómoda postura del "borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada".
Hasta hoy esta es la postura que parece marcar tendencia y la primera reacción en contra fue fueron los duros cuestionamientos a Guerra Beltrán, quien exhibió su dependencia respecto al Presidente Municipal, uno hecho que por lo demás no es nuevo pese a que el reglamento hable de "contralores independientes".
Exigencia social
Mientras en ayuntamientos importantes como los de Nogales y Hermosillo se ha citado ya a exfuncionarios para que expliquen los dudosos manejos que hicieron del patrimonio municipal, en Cajeme aún prevalece un clima similar donde el silencio es la postura oficial ante las fallas graves -corruptas o no- de los antecesores.
Mariscal tiene una presión política y moral de actuar en consecuencia porque su elección, como la de todos los candidatos de Morena, fue producto del hartazo social ante funcionarios corruptos y de la exigencia para que no queden impunes quienes se han enriquecido desde puestos de gobierno.
En ese contexto, el silencio y la inacción del Alcalde actual lo vuelven más vulnerable ante las críticas que lo señalan como un político más comprometido con el sistema priista en declive que con el morenista en ascenso.
Los primeros 100 días de una administración municipal son un período para delinear las acciones políticas y sociales alrededor de las cuales se actuará en los próximos tres años.
Hoy estamos a la mitad de esos 100 días y el tiempo corre de prisa sin que hasta el momento el actual gobierno municipal haya dado una muestra fehaciente de combatir la corrupción pasada y presente como lo exigió la sociedad al votar por el cambio.
Y de seguir así, pronto ya no será el Contralor Municipal el objetivo de todas las críticas y reclamos.
