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Precios exagerados en obras construidas por la Secretaría de Desarrollo Social, maquinaria en desuso por descomposturas menores, daño patrimonial por más de 7 millones de pesos, personal en nómina que no realizaba función alguna, policías asignados a seguridad de particulares y endeudamiento irresponsable del Oomapass, son solo algunas de las irregularidades por las que serán llamados a declarar funcionarios de la administración municipal 2015 - 2018.
El dictamen de la Comisión Plural de Entrega Recepción, integrada por regidores de diversos partidos, acordó citar, entre otros, a los siguientes exfuncionarios para que aclaren o justifiquen dichs irregularidades en las áreas que tuvieron a su cargo:
Armando Alcalá Alcaraz (Secretaría del Ayuntamiento)
Denisse Navarro Leyva (secretaría de Desarrollo Social)
Cecilia Antillón (Oomapasc)
Fernando González Ulloa (Contraloría)
Marcelo Carlderoni (Imagen Urbana)
Silvia Jaime Serrano (Desarrollo Urbano)
Antonio Gutiérrez Lugo (Seguridad Pública)
Faustino Félix Chávez (Presidencia Municipal)
No son pocas las áreas donde la Comisión Plural detectó irregularidades pero destacan por el monto de los recursos en juego:
La Secretaría de Desarrollo Social donde, señala el dictamen, "se encuentran inconsistencias en las obras sociales por precios alzados al 100%... y se advierten contratistas a los que se les dio preferencia en la asignación de varias obras".
En Imagen Urbana se detectaron faltantes de carpeta caliente por 410 metros cuadrados y un daño patrimonial de 7 millones 429 mil pesos.
Además "se advierte un faltante de 25,000 lámparas retiradas de las cuales no existe certeza de su paradero".
En Oomapasc, un endeudamiento exagerado respecto al nivel de ingresos que tiene la dependencia, además de personal que no realizaba función alguna pero que fue liquidado poco antes de terminar la anterior administración.
Asimismo la directora Cecilia Antillón renovó contratos que estaban a punto de vencer al final de su período, comprometiendo así a la nueva administración.
El dictamen establece que los funcionarios mencionados deberán ser llamados a comparecer a más tardar el 15 de diciembre próximo.
