|
HERMOSILLO.- A tres años del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, urge un verdadero cambio de rumbo que saque del hoyo a Sonora en materia de seguridad pública, desarrollo económico y sobre todo, soporte a los 72 municipios.
La dirigencia estatal encabezada por David Galván Cázares y el GPPAN integrado por Gildardo Real Ramírez, coordinador así como por los legisladores Alejandra López Noriega y Eduardo Urbina Lucero, señalaron graves carencias a tres años de Gobierno.
“Tenemos, evidentemente, la prioridades invertidas en este estado” aseguró el coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Real. Señaló que mientras se destina el 10% del presupuesto estatal al manejo de la deuda, sólo un poco más de 5% se destina a labores de seguridad pública.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, durante 2017 se presentaron en el estado 39,759 delitos por cada 100 mil habitantes, con lo que Sonora se situó entre las 10 entidades más inseguras de México.
La Gobernadora Pavlovich invitó a los sonorenses a seguir trabajando juntos, en equipo, porque así lo marcan los tiempos, con generosidad y amor por su gente.
Por primera vez en hace más de nueve años, la sociedad sonorense ha sido testigo de hechos delictivos que demuestran que las autoridades encargadas de la seguridad pública en la entidad han sido rebasadas.
La situación es tal que en medio de una crisis de ejecuciones contra agentes de la Policía Municipal de Guaymas y Hermosillo, los titulares de la Fiscalía General de Estado de Sonora y de la Secretaría de Seguridad Pública presentaron su renuncia por “motivos personales” faltando a todo compromiso con los sonorenses.
Gobierno de Sonora debe frenar el alto endeudamiento a los ciudadanos
Es imperativo frenar el alto endeudamiento de la entidad, pues de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el incremento de la deuda estatal del tercer trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2018, ha sido de 6 mil 228.4 millones de pesos, lo que representa un incremento porcentual del 34.2% en la presente administración estatal.
