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CD. DE MÉXICO.- En 2015 apareció la Ley Korenfeld, redactada entonces por el polémico titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, quien renunció el 9 de abril de 2015, luego del escándalo que provocó el uso de un helicóptero oficial para fines personales.
En cuanto se hizo público, el contenido de la legislación generó protestas de ciudadanos, sociedad civil y académicos quienes argumentaron que violaba los derechos humanos, era privatizadora y no garantizaba la accesibilidad del líquido particularmente para la gente de escasos recursos.
En 2018, en el último año de este Gobierno federal reaparece, pero ahora bajo el pseudónimo de Ley Pichardo, que el borrador fue presentado por José Ignacio Pichardo Lechuga, Diputado federal del PRI por el Estado de México, la entidad de donde es originario el Presidente Peña Nieto.
La similitud que guarda el nuevo documento con el anterior es notable, salvo algunas diferencias que la hacen aún más riesgosa, de acuerdo con académicos y especialistas consultados por SinEmbargo.
Uno de esos riesgos es el propio Congreso y el ejemplo más cercano es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, coinciden los expertos. El temor es que el borrador se convierta rápidamente en una iniciativa que puede ser aprobada gracias a la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a pesar del malestar que genere en la población, explican.
Así sucedió con la Ley de Seguridad Interior, y así puede pasar con la Ley General de Aguas, alerta.
Copia de Ley Korenfeld
La Ley guarda problemas desde su “elaboración”. Miguel Ángel Montoya, consultor en Gestión Integral del Agua, expone que hubo un proceso de simulación cuando se dijo que cualquier organismo podía hacer observaciones al documento, que habría interacción con la ciudadanía y que las observaciones hechas se tomarían en cuenta.
“Pero es falso. Antes de que se presentara como borrador, hubo una primera etapa en la cual fueron convocados de manera “plural” diversas organizaciones empresariales, grupos de interés, varias industrias, organizaciones civiles y académicos. Ninguno de los puntos de vista fue tomado en cuenta.
Fue un proceso de simulación. La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves. Pero si se compara con la iniciativa Agua para Todos, que es la iniciativa ciudadana, no hay ninguna”, comenta.
Lo sobresaliente
Miguel Ángel Montoya compartió los puntos más importantes del borrador.
De acuerdo con su lectura, la crisis de este modelo radica en el esquema de concesiones.
En la actualidad se pueden dar concesiones de hasta 30 años con derecho a prórroga y los particulares no son afectados en sus volúmenes en los años en que tienen esa concesión, a pesar de que en ocasiones no haya disponibilidad de agua.
Se permite transferir una concesión de un particular a otro, simplemente con un contrato que avale Conagua. No importa que no haya disponibilidad de agua o que el uso sea distinto. De manera muy laxa se puede cambiar el uso por el cual se otorgó la concesión y se puede transferir.
Está el caso de contaminación de río Sonora por Grupo México, lo que perjudicó a miles de habitantes y productores de cárnicos y lácteos. A pesar de que contaminó, nunca se le quitó su título de concesión a la minera Cananea. Eso es un reflejo de cómo opera el sistema concesionario.
Ahora cualquier concesionaria que tiene todas estas garantías y estas facilidades para cambiar de título, para transferirlo, para que no sea cancelado bajo condiciones de escasa disponibilidad o de contaminación. Nadie tendrá la molestia de refrendar su título de concesión, de hacer el trámite burocrático”, comentó.
Las concesiones sólo se entregarán a perpetuidad, cuando lo ideal, advirtió el consultor, sería hacer las concesiones cada tres o cuatro años, bajo disponibilidad e incentivar el rehusó y el tratamiento del agua, y si una industria lo está haciendo que sí se le renueve el permiso.
Se conserva el mismo modelo y ahora las empresas se ahorran los trámites. Eso generará una enorme concentración y además, es un modelo.
También incentiva el modelo de trasvase, el cual tiene una enorme gravedad. En el mundo son cuestionados porque generan impacto ambiental tanto en la cuenca importadora como en la cuenca exportadora.
Ahora no sólo se concesionará la infraestructura, pues el esquema que promueve la Ley Pichardo –y que ya contemplaba la Ley Korenfeld– es ya no sólo construir y operar la infraestructura, sino toda el agua que tiene ese trasvase será de los particulares, se les concesionará a perpetuidad.
Esto implica que prácticamente todas las aguas superficiales, los ríos del país, van a ser privatizados. “Eso es privatización extrema”, denunció.
Aunque es un tema polémico, el fracking, es el menor de los problemas en este modelo; trae contaminación de acuíferos y deja a esa agua inservible para el riego y el consumo humano, lo que abre la puerta a empresas como Abengoa y como Grupo Higa para que venden el agua a los organismos operadores o a los usuarios de riego.
http://www.sinembargo.mx/04-02-2018/3381027
