Pese a los esfuerzos conjuntos, a los discursos triunfalistas que daban por hecho la reducción de asesinatos, y pese al costoso mantenimiento de la Gendarmería y policías estatales en Cajeme, el 2017 resultó ser uno de los años con más alto índice de violencia criminal en este Municipio: 208 ejecuciones desde enero a diciembre.
El 9 de julio del año pasado llegó la Gendarmería y la población cifró su esperanza en esta corporación de élite que debía reducir drásticamente los crímenes de la delincuencia organizada.
El 12 de julio la gobernadora Claudia Pavlovich, reunida en Cajeme con los mandos del operativo conjunto, advirtió: “En Sonora quien la hace la paga, que no les quepa la menor duda”, pero sus palabras no amedrentaron a los grupos criminales.
El 23 de agosto el secretario estatal de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, anunció optimista que la disminución de 23 ejecuciones ocurridas del 11 de junio al 11 de julio a 8 ejecuciones desde esta última fecha al 20 de agosto era el resultado más notorio de los operativos conjuntos que realizan corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales en Cajeme.
En los meses siguientes se repitieron declaraciones similares de voces gubernamentales, mientras la población cajemense seguía viendo cómo continuaban las ejecuciones en las calles de la ciudad y el hallazgo de cadáveres en el medio rural.
Hoy, el fracaso de todas las estrategias destinadas a combatir la escalada de violencia que golpea a Cajeme desde hace varios años, nos pone frente a un panorama incierto donde la Ley de Seguridad Interior no genera ninguna expectativa favorable, más bien lo contrario.
