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Tras el enfrentamiento del 21 de octubre en la Loma de Bácum, donde resultó un hombre muerto, el Gobierno del Estado se declaró ajeno a los hechos argumentando que no sabía ni esperaba que se llegara a ese extremo en el conflicto entre yaquis que se oponen al gasoducto y quienes lo apoyan.
El argumento, esgrimido por el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, fue aceptado por los medios que se ocuparon del tema y permitió a la gobernadora Claudia Pavlovich salir políticamente ilesa de un evento que sí estaba previsto, "se veía venir".
Hoy, cuando las autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil y la empresa contructora del gasoducto insisten en continuar la obra pese a la orden de suspensión provisional dictada por el Juzgado VII de Distrito, el Gobierno del Estado no podrá alegar inocencia o desconocimiento de un conflicto que podría estallar nuevamente en actos violentos como los ocurridos el 21 de octubre.
No pasa día sin que las autoridades de Loma de Guamúchil a través de su vocero César Cota Tórtola amenacen a las de Loma de Bácum e insistan con impulsar a la empresa constructora para que reanude la obra.
Al interés exagerado de los indígenas defensores del gasoducto, se suma la ansiedad de la empresa por reanudar su trabajo en el tramo que atraviesa territorio de la Loma de Bácum. Incluso hay indicios de que se está trabajando allí con el desmonte del terreno por donde se introducirá el gasoducto, así lo constataron reporteros que estuvieron en ese lugar este miércoles y vieron plantas y arbustos que mostraban evidencias de haber sido talados pocas horas antes.
La belicosidad del discurso, la tensión permanente, no parecen inquietar a la autoridad estatal que se muestra impasible y permite el desacato encubierto a la orden de una juez de Distrito.
Ya lo dijo Cota Tórtola: "Los amparos no se usan aquí". Y el Gobierno del Estado parece validar esas palabras.
Aunque dicha belicosidad y la inacción gubernamental podrían ser de una misma estrategia: Presionar a la justicia federal para que anule la suspensión provisional y a la Secretaría de Gobernación para que otorgue el permiso correspondiente.
"Tenemos una semana de espera y estamos sobre la segunda para nos autoricen (la reanudación de la obra)", expresó Luis Matuz, gobernador tradicional de la Loma de Guamúchil.
La presión crece sobre la justicia y el gobierno federal, pero al no inclinarse éstos como lo exigen la empresa y sus aliados, seguirá incrementándose la tensión entre las partes en pugna.
Y si la violencia estalla de nuevo, nadie podrá decir "nosotros no sabíamos que eso iba a pasar".
