CD. DE MÉXICO.– No es coincidencia. Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Sonora son los cinco estados con la deuda per cápita más grande durante la administración de cuatro priistas y un panista involucrados directamente en escándalos de corrupción, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y con información del Ingeniero Manuel Aguirre Botello.
Por disposición constitucional, los estados deben contratar deuda solo para financiar inversión pública productiva para proyectos grandes. Aunque es un candado, “fiscalizar y monitorear que los recursos dados se destinen a infraestructura es muy complicado a la fecha, por lo cual la ley se queda en letra muerta”, añadió el economista.
Guillermo Padrés Elías (2009-2015), quien gobernó Sonora, comenzó con una deuda por 17 mil 287 millones de pesos y la subió a 22 mil 780 millones de pesos, 31 por ciento más. Es decir, de los 2 millones 800 sonorenses, cada uno debería 7 mil 992 pesos.
El panista, sobre quien ya se giró una orden de aprehensión, será recordado como aquel mandatario que dinamitó la presa hidráulica privada de su rancho Pozo Nuevo –actualmente embargado y recientemente cateado por las autoridades estatales– y por poseer 450 caballos pura sangre con un valor de más de 100 millones de pesos, suceso ya en proceso de investigación por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante su administración. También, desde hace un mes, la nueva Comisión Anticorrupción panista lo investiga y el blanquiazul le retiró sus derechos.
La Ley de Disciplina Financiera, aprobada cuando estos cinco políticos ya terminaron, establece una serie de controles para garantizar que los ciudadanos puedan informarse sobre las tasas de interés y los plazos de la deuda contratada; la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar la deuda de las entidades que se haya dado con aportaciones federales para garantizar que se destine a inversión pública; se fortalece el papel de las instituciones estatales de fiscalización para vigilar el uso de la deuda; y para contratar deuda los estados necesitarán que las dos terceras partes de los Congresos locales lo aprueben, enlistó el investigador Diego Díaz.
También establece un sistema de alertas para detectar qué municipios o estados tienen un nivel de endeudamiento elevado.
