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Aun cuando la gobernadora Claudia Pavlovich se declare respetuosa a las decisiones internas de la tribu yaqui, como se espera que lo haga en el caso del gasoducto, su gobierno quedará involucrado por omisión o acción en un tema que podría explotar si se propicia un enfrentamiento entre opositores y el grupo priista yaqui que apoya esta obra.
Conflicto de intereses
El asunto tiene su origen en dos intereses legítimos pero enfrentados. El primero es la urgente necesidad que tiene el sector productivo del sur de Sonora de abastecimiento de gas natural, un recurso indispensable para mantener a la región en nivel competitivo con otras del Estado y del país.
El segundo es el derecho de los habitantes de la Loma de Bácum a impedir que el gasoducto atraviese su comunidad. Los riesgos de una contingencia no son menores, por más que se trate de minimizarlos en las explicaciones oficiales.
Es un conflicto de intereses que pudo, y aún puede, resolverse con un buen manejo político y mucha sensibilidad de las partes involucradas.
Pero en medio de ambas partes -opositores yaquis y sector productivo regional- se han introducido la prepotencia de la empresa constructora, los intereses de grupo y la simulación gubernamental, factores que pueden convertir el problema original en un enfrentamiento de alto costo político para la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano pues a ella se le atribuirán los resultados finales.
Prepotencia
La constructora IEnova, representada por el priista Carlos Daniel Fernández Guevara, parecía haber aceptado la negativa de los yaquis de la Loma de Bácum al paso del gasoducto por su territorio.
Anunció la empresa que se recurriría a un plan B consistente en desviar la ruta original del gasoducto para que no tocara tierras de Bácum.
La opción eleva el costo de la obra y la atrasa 18 meses más, pero asegura la paz social entre los yaquis, una etnia sacudida ya por la obstinación del exgobernador Gullermo Padrés en imponer su obra magna, el Acueducto Independencia.
Sin embargo, cuando se esperaba el inicio del plan B, la empresa, de manera prepotente y pasando sobre una orden judicial, regresó a la ruta original y de paso provocó una riña entre yaquis que transportaba en un camión de pasajeros hacia el último tramo construido, el ubicado en los terrenos del conflicto.
El incidente sirvió a los intereses de la empresa y sus aliados gubernamentales para difundir la versión de un problema interno entre yaquis, una reducción simplista y distorsionada de una disputa mucho más grande.
Intereses de grupo
Redentores ayer, cuando seguían las instrucciones del Movimiento No al Novillo, los dirigentes yaquis adheridos al PRI -Tomás Rojo, Miguel Cota y otros- hoy son verdugos de quienes participan en el "No al Gasoducto", aun cuando éstos justifican su lucha en los mismos principios esgrimidos contra el acueducto.
A ellos -Rojo, Cota y compañía- la empresa IEnova les entregó dinero para distribuir entre familias yaquis y convencerlas así de apoyar y no oponerse al gasoducto, estrategia que inicialmente surtió efecto hasta llegar la obra a la Loma de Bácum.
Cuando creían todo ya "amarrado", ahora los dirigentes oficialistas se ven obligados a volver a la carga pero ya no con maletas de dinero sino instigando una lucha fraternal contra los yaquis de la Loma de Bácum y para ello argumentan un cuestionable derecho a decidir desde la Loma de Guamúchil si el gasoducto continúa o no.
El argumento no es convincente pero se ajusta a una estrategia diseñada para crear un conflicto peigroso entre miembros de la tribu yaqui.
Así, las divisiones propiciadas por Padrés entre grupos de la tribu yaqui, podrían quedarse cortas a las que se generen durante el mandato de Claudio Pavlovich.
Simulación gubernamental
Mientras los intereses de grupo continúan alimentando la discordia, el Gobierno del Estado trata de mostrarse ajeno a un conflicto que puede explotarle en las manos.
Pero a nadie convence su supuesta neutralidad justificada en el respeto a las decisiones internas de la tribu yaqui.
Ya la gobernadora Claudia Pavlovich quiso resolver el problema durante su visita del pasado 13 de septiembre a Bácum, pero las autoridades tradicionales le reiteraron su postura inflexible contra el gasoducto.
Desde entonces el grupo yaqui oficialista ha incrementado su activismo y hoy exhibe su simpatía con los intereses de la empresa IEnova al grado de retar a quienes se oponen a la obra y prestarse para una imposición que iría contra un principio fundamental de la etnia yaqui: El respeto y apoyo a la decisión de uno de sus pueblos, aun cuando dicha decisión no vaya de acuerdo con la de los otros pueblos tradicionales.
El tiempo corre, el peligro de una explosión política sigue latente y el Gobierno del Estado es llevado a una zona de riesgo de donde resultará difícil salir sin "quemaduras".
Porque no es solo el gasoducto, son también la promesa no cumplida de concesionar a los yaquis la fabricación de uniformes escolares gratuitos, el incremento de la violencia criminal en las comunidades de la etnia y el sostenimiento gubernamental del Acueducto Independencia, entre otros factores inflamables.
