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A un año de su inicio el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano muestra ligeros avances y un fuerte retroceso en un área importante, crucial para el desarrollo de la sociedad sonorense: la seguridad pública.
El discurso inaugural del 13 de septiembre de 2015 generó una sana expectativa por su marcado tono a favor de la honestidad y en contra de la corrupción pública, un mal que exhibió de manera insultante la administración a cargo de Guillermo Padrés Elías.
En este renglón se logró un avance innegable al hacer más transparentes las obras y licitaciones del Estado. La creación de mecanismos como el portal tuobra.mx han merecido el reconocimiento nacional de quienes pugnan por una mejor información sobre el manejo de los recursos públicos, pero sobre todo ha teniudo el reconocimiento de los sonorenses.
Hace un año la voz enérgica de CP encontró eco en un sector importante de la sociedad sonorense, pero al paso de los meses el contenido del discurso inaugural se fue desdibujando en un instrumento de revancha política desgastado por acciones de dudosa legalidad.
La sospechosa creación de testigos falsos, como en los casos del veterinario empleado de los Padrés y en el caso de Jorge Morales, así como la presunta "siembra de droga" al mismo veterinario y a Francisco Monge, han manchado un ejercicio judicial que debería ser inobjetable, limpio de dudas.
En el transcurso de doce meses, el gobierno de Pavlovich ha ganado impulso gracias a la administración federal que ahora entrega los apoyos negados no a Padrés sino a Sonora. Y en el contexto de la crisis financiera de la Federación, muchos de esos apoyos son retóricos más que prácticos.
La propuesta de un mayor endeudamiento (por cinco mil millones de pesos) en apenas este primer año de gobierno, evidencia lo poco que se espera desde la Federación y pone en riesgo el futuro inmediato de las finanzas públicas en la entidad.
Si en doce meses de gobierno no se pueden resolver todos los problemas creados a través de varios años, la intención de enfrentarlos a veces es suficiente y eso ha hecho Claudia Pavlovich al enfrentar las carencias que tiene la infraestructura educativa en Sonora, sobre todo la de nivel básico. Un buen intento que debe sostenerse en los próximos años.
En el área de políticas sociales quizá uno de los principales errores o atrasos del gobierno de Claudia Pavlovich ha sido en su relación con la etnia yaqui.
La participación de los yaquis aliados al partido de la gobernadora, el PRI, fue un factor importante para el triunfo electoral de Pavlovich y como agradecimiento les hizo promesas que no cumplió.
La más conocida fue la instalación de una fábrica en las comunidades yaquis para que las mujeres de la etnia hicieran los uniformes escolares que entrega el Estado. En pocos meses se vino abajo tal promesa al anunciar la entrega del contrato a una empresa foránea, del centro del país.
El exceso de promesas sólo se ha cumplido con pequeñas acciones, como la reciente entrega de una ambulancia y una bombera a las comunidades yaquis, donde el Gobierno del Estado, como sus antecesores, no ha hecho nada para resolver el problema de salud más grave: la alarmante contaminación del agua que beben y utilizan en sus labores domésticas los miembros de la etnia.
Sobre el desmantelamiento del Acueducto Independencia, que hoy "goza de buena salud", no se puede reprochar nada a la Gobernadora porque ella nunca se comprometió a clausurar la magna obra de Guillermo Padrés, por el contrario, ha hecho lo necesario para asegurar su funcionamiento, incluyendo en esto la inversión de cuantiosos recursos del erario estatal.
Pero de todo lo anterior, quizá el mayor retroceso de la adminstración estatal en su primer año ha sido en el área que más preocupa a la sociedad sonorense: La seguridad pública.
Un año después de haber asumido su cargo la gobernadora CPA, Sonora es un estado más violento e inseguro. Las cifras difundidas por la Secretaría de Gobernación hace unos días no dejan duda de esta dolorosa realidad: Hermosillo y Cajeme, donde vive más de la mitad de la población sonorense figuran entre los 25 municipios más violentos del país.
Parece como si la insistencia en la persecusión de los funcionarios padresistas hubiera distraído a las autoridades sonorenses de su principal obligación: Garantizar la seguridad y la paz social.
Hasta hoy la lucha contra la delincuencia organizada se enfrenta con más retórica, en la creación de programas con nombres rimbombantes y acciones aisladas que son revestidas de espectacularidad mediática.
En este contexto cabe lo mismo la disminución de las fuerzas de seguridad estatales en Cajeme, el incremento inusitado de la delincuencia común y la de alto impacto en Hermosillo y la reacción demagógica y populachera del alcalde Manuel Acosta en la capital sonorense.
Las medidas oficiales en este tema siguen siendo "palos de ciego", mientras los sonorenses presencian el avance de la delincuencia común y la organizada.
Enfrentar con eficiencia este grave problema, ofrecer mejores resultados a mediano plazo, será quizá la principal obliigación de Claudia Pavlovich en su segundo año de gobierno.
