CD. DE MÉXICO.- La gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, recibió su primera recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la detención, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Estatal Investigadora, de Mario Luna y Fernando Jiménez, integrantes y activistas de la comunidad Yaqui acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad de uno de los integrantes de la misma comunidad.
El organismo recomienda a la gobernadora de Sonora, se otorgue una indemnización a los agraviados, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que, en lo conducente, accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
Este órgano defensor radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, y luego de examinar las evidencias, dijo que se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de los detenidos.
Asimismo, solicitó girar sus instrucciones al procurador General de Justicia de la entidad, a fin de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
El 11 de septiembre de 2014, los afectados denunciaron vía telefónica que a las 9:40 horas fue detenido el dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, cuando circulaba por calles de Ciudad Obregón, Sonora, por cuatro elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión.
El quejoso refiere que desde ese momento acudió a la Procuraduría General de Justicia de la entidad y a la delegación de la Procuraduría General de la República en dicha ciudad, para solicitar información del agraviado indicándole que ahí no se encontraba.
