Una auditoria a la pasada administración que durante diez años estuvo al frente del Mercajeme, realizará el actual consejo directivo del inmueble quien tiene indicios de malos manejos durante ese periodo.
Norberto Corral Valdez, representante jurídico del Mercajeme, dio a conocer que buscan iniciar un proceso administrativo para solicitar la rendición de cuentas de la anterior administración, sin embargo primero deben realizar una auditoría a las dos asociaciones civiles bajo las cuales operó durante diez años la administración encabezada por José Esparza Garibay.
Las asociaciones civiles son Condóminos Cajeme y K.G. Condóminos Cajeme, ésta última dijo, será demandada penalmente ya que operó sin autorización de la asamblea de condóminos del inmueble, lo que representa un delito del fuero común.
Una vez iniciado el proceso administrativo, mencionó, citarán a declarar a Esparza Garibay, Pablo Manuel López y Lourdes Ortiz Cano, presidente, secretario y tesorera de ambas asociaciones, para que rindan cuentas y hagan entrega de los bienes muebles del Mercajeme que aún se encuentran en su poder.
“Son recursos económicos de las cuentas bancarias que no se nos entregaron, desconocemos el paradero, hay por ahí una camioneta que usamos para la recolección de basura, un remolque para la basura y varios objetos que vamos a requerirles que están en su poder y ocupamos que sean devueltos”, mencionó.
Luego del cambio de mesa directiva a finales del 2014, no se llevó a cabo el proceso de entrega recepción, por lo que la pasada administración debe rendir cuentas, expresó Corral Valdez.
“Si del resultado de la auditoria se desprenden pruebas que indiquen que se cometió un daño en contra del patrimonio del condominio, también se actuará a través de las vías legales correspondientes”, agregó el representante jurídico del Mercajeme.
La actual administración procederá además a realizar una revisión de las líneas de conducción eléctrica de las áreas comunes del edificio, al existir señalamientos del probable robo de energía por algunos condóminos que de confirmarse, se procedería a demandar a los implicados ante la Procuraduría General de la República.
