A dos años de vigencia de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ésta no es conocida por la autoridad, ni ha resultado eficaz y expedita su aplicación en la entidad, informa la Red Feminista Sonorense.
"La propia autoridad ha retirado la salvaguarda que mandata la Ley, tal es caso de Martha Solorzano en San Luis Río Colorado, el de mujeres yaquis y guarijías que por la defensa de su territorio han visto amenazada su integridad y su labor de defensoras, y el de las mujeres ejidatarias que encaran en lucha por la defensa de su tierra y la reparación del daño ocasionado por el despojo", señala la Red.
Menciona el embate a la labor de las mujeres periodistas que aparte de no contar con seguridad en el empleo y mejores salarios, enfrentan el incumplimiento de recomendaciones emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde mayo del 2012, por parte de los Presidentes Municipales; la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Las seis recomendaciones van dirigidas a salvaguardar la integridad de las personas dedicadas a la comunicación en Sonora, a combatir la impunidad, garantizar la seguridad y protección para su desempeño y capacitar a todo servidor público de procuración y administración de justicia y de seguridad pública, de manera específica en cuanto al protocolo de la cadena de custodia y se impulsen reformas legales para delimitar las responsabilidades administrativas de justicia, explica el comunicado de la Red Feminista.
Rendición de cuentas y observancia ciudadana son acciones de un mismo proceso para erradicar la corrupción e impunidad para que la autoridad responsable de velar y dar garantías de protección a defensoras en Derechos Humanos cumplan con su cometido, ya que es precisamente de la autoridad que se recibe el mayor número de agresiones y amenazas a la vida y libertad de las defensoras y periodistas.
