CD. DE MÉXICO.- Tras 20 horas de discusión, en un largo monólogo entre opositores y la mayoría del PRI, PAN y Partido Verde, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular modificaciones históricas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que permitirán asignar contratos con particulares para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y derivados, transforma a Pemex y a la CFE en “empresas públicas del Estado”, establece un modelo de contratos que abre las puertas a las concesiones, permite que las mineras puedan entrar al negocio del gas, expulsa al sindicato petrolero del Consejo de Administración de las nuevas empresas, crea el Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo control estará en manos del titular de Hacienda, y establece nuevos órganos reguladores.
Al filo de las 10 de la mañana, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Raúl Cervantes Andrade, informó que tras 20 horas y 30 minutos de debate en el pleno, y tras una lista de 219 oradores –la mayoría de la oposición-, se aprobaron las últimas reservas y cambios al artículo 25 por 93 votos a favor y 25 en contra y a los artículos 27 y 28 constitucionales por 92 votos a favor y 23 en contra.
El dictamen también dejó fuera al poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de la futura empresa que sustituya a Pemex y le asignó un presupuesto millonario a la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, calificada por el PRD como la “agencia Verde” por ser una demanda del PVEM.
Con un rostro que emanaba alegría, el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que “en un par de años llegarán los beneficios a los bolsillos de los mexicanos” de la reforma energética.
Gamboa Patrón estuvo toda la sesión cabildeando y asegurándose de los votos priistas y pevemistas. Incluso, en la última y más difícil negociación, llamó al senador Carlos Romero Deschamps, del PRI, a aceptar el último cambio que se produjo en la minuta: quitarle el voto a los cinco consejeros del sindicato petrolero de los 15 que integran el Consejo de Administración de Pemex.
La “Chicanada”
La larga sesión del Senado estuvo a punto de naufragar ante la denuncia de la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, quien acusó a los presidentes de las comisiones dictaminadoras de realizar más de 13 cambios “de fondo” al dictamen que horas antes había sido aprobado por los senadores.
Padierna argumentó que, entre esos cambios “de fondo” estaban varios al artículo 27 que anulará, en los hechos, la posibilidad de una consulta popular en esta materia, ya que la reforma se considera un tema “para obtener ingresos del Estado” (los temas fiscales quedan fuera de la consulta, según lo aprobado en la Cámara de Diputados), cambia el verbo “podrá” por “deberá” en el modelo de contratos establecido en el cuarto artículo transitorio, que le abre la puerta a las concesiones, y permitirá que empresas concesionarias de minería puedan entrar al negocio del gas shale, y a las empresas contratistas de petróleo dar servicios de energía eléctrica.
Desde sus curules, Manuel Bartlett, del PT, Alejandro Encinas, del PRD, y Layda Sansores, de Movimiento Ciudadano, calificaron esta maniobra como un “chanchullo”, “marrullería jurídica”, “ilegal”, entre otras.
El coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, salió al quite para afirmar que no era grave y que estos mismos cambios podían ser presentados como “adéndum” durante el debate legislativo, de acuerdo con el reglamento. El mismo subió para presentar como modificación en lo particular la propuesta de nueva redacción del artículo 27 constitucional.
Otros senadores del PRI y del PAN admitieron estos cambios de última hora, pero afirmaron que no violaba el reglamento ni el procedimiento y que, en todo caso, “fue lo mismo que hizo el PRD durante la dictaminación de la reforma fiscal”, contraatacó Roberto Gil Zuarth, uno de los cinco negociadores del PAN en la reforma energética con los senadores del PRI y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, presentes durante la sesión en la Cámara alta.
El presidente de la Mesa, el priista Raúl Cervantes Andrade, impasible, dejó que se desahogaran las protestas, pero no modificó el curso de la sesión.
