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CD. DE MÉXICO.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a las autoridades ambientales federales dejar insubsistente su resolución de impacto ambiental sobre la operación del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, así como desahogar la consulta, “a la mayor brevedad posible”, a la comunidad yaqui para determinar la posible afectación a los derechos de dicha comunidad indígena.
Con el voto en contra del ministro José Ramón Cossío, la primera sala estableció al aclarar su sentencia de mayo pasado, que la delegación de Sonora de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberán desahogar la consulta, “independientemente de la etapa en que se encuentre la obra”.
Además, la Corte determinó que procede la suspensión de la operación del Acueducto Independencia “en cualquier momento”, en caso de que se advierta que su operación llegue a causar un daño irreparable a la comunidad yaqui.
Los ministros señalaron que una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre alguna afectación a los derechos de la tribu yaqui la autoridad “deberá tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para ponderar los intereses en juego, quedando en aptitud de tomar acciones para resarcir o aminorar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad quejosa, pudiendo llegar, de ser necesario, a determinar la suspensión de sus operaciones”.
Los ministros concluyeron que en el marco del procedimiento SGPA-DGIPA., DG1633/11, tanto la Profepa como la Semarnat tendrán que emitir una nueva resolución de impacto ambiental en la que se pronuncie expresamente “sobre la existencia o no de una afectación a los derechos de disposición de agua de la comunidad yaqui”.
