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No es que esté mal cobrar más impuestos. El mejoramiento material de las condiciones de vida de los mexicanos, sobre todo de los que menos tienen, depende de que el Estado tenga suficientes recursos para atender las crecientes necesidades de la población.
Para ello se requiere incrementar los ingresos públicos, lo que principalmente se logra mediante el cobro de impuestos.
Sin embargo, el afán por mejorar la capacidad financiera del Estado no debe pasar sobre los principios fundacionales de nuestra sociedad constitucionalmente reconocidos; como la equidad en el pago de impuestos, sustentada en los principios doctrinarios de justicia e igualdad.
Y es que la propuesta de eliminar la tasa cero y las exenciones del IVA causará un impacto social diferenciado que debemos considerar. Las personas de más bajos ingresos, que son mayoría en México, sufrirán más las consecuencias.
Esto se debe a que el IVA es un impuesto indirecto que se paga en relación con el consumo y no con el ingreso, de modo que personas de bajos ingresos estarán pagando la misma tasa impositiva.
Las repercusiones son graves, ya que el incremento del impuesto representa una proporción mayor del ingreso de las personas más pobres respecto a las más ricas. Es decir, el incremento en el IVA no es lo mismo para una persona que gana el salario mínimo, que para una que gana veinte salarios mínimos al mes.
Por ejemplo, si el IVA se aplica a todos los productos, en una compra de 1,800 pesos —equivalente a un salario mínimo— el monto de impuesto a pagar sería de 288 pesos, lo que para la primera persona representa un 16% de su ingreso, mientras que para la segunda significa un 0.8%.
Esto refleja un rasgo de inequidad muy grande porque las personas con menor capacidad de contribución estarán pagando más (en proporción a su ingreso) que aquellos con una capacidad contributiva mayor.
En resumen, el incremento impositivo es materialmente regresivo, pues implicará una transferencia de recursos de los más pobres al Estado, que será mayor que la que harán los ricos.
Generalizar el incremento del IVA es tan erróneo como generalizar su exención. Es necesario diferenciar dónde debemos aplicarlo y eliminar los privilegios fiscales cuando no se justifiquen.
La ley deberá ser más equitativa, sólo de ese modo es posible recaudar más sin causar daños sociales, los cuales serán irreparables, incluso con un plan para compensar a los más afectados.
Este país no debe salir de sus problemas financieros agudizando las diferencias sociales y hundiendo en la pobreza a millones de mexicanos que esperan un cambio urgente en sus vidas.
