|
VÍCAM, SON.- La nueva consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental del acueducto Independencia no necesariamente tendrá que sentar a la mesa a los yaquis que realizan los bloqueos sobre la carretera México-Nogales, y para su autorización tampoco es obligatorio lograr el consenso de esta tribu originaria, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Detalló que la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte ordena restituir el derecho de audiencia de la etnia yaqui, que en su momento será representada por las autoridades tradicionales con reconocimiento jurídico ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “quienes pudieran ser o no las mismas que interpusieron el juicio de amparo”.
La Semarnat argumentó que, además, el resultado de la consulta indígena que tiene que ser culturalmente adecuada, informada y de buena fe, no es obligatoria ni definitiva, ya que se necesita hacer un análisis ponderado de cuáles son los derechos y valores presentes, tomando en cuenta a los yaquis y a los habitantes de Hermosillo.
En este sentido, la dependencia federal citó parte de los señalamientos de la SCJN: “Sin perjuicio del hecho de que todo proceso de consulta debe perseguir el objetivo del consentimiento, en algunos casos puede que su ausencia no impida a las autoridades decretar las acciones correspondientes, lo cual dependerá del nivel de impacto que tendrá el funcionamiento u operatividad del acueducto Independencia sobre la comunidad o grupo indígena, debiéndose poner los intereses sociales en juego, esto es, tanto los afectados como los beneficiados por la obra”.
La Semarnat agregó que después de que el pasado 1 de julio recibió la notificación sobre el fallo de la Suprema Corte, envío un oficio al ministro Jorge Pardo Rebolledo para que le indique qué debe hacer, toda vez que también fue aprobada la suspensión de una controversia constitucional que instruye mantener operando el acueducto Independencia.
De esta forma se está a la espera de que el máximo órgano de justicia del país indique a la Semarnat sí debe proceder en unos cuantos días a la anulación de la Manifestación de Impacto Ambiental y convocar a la consulta pública en las próximas semanas o, de lo contrario, paralizar su procedimiento y esperar a que el pleno de la Suprema Corte resuelva de fondo los juicios que continúan abiertos.
Las fuentes consultadas afirmaron que, por lo pronto, sigue vigente la MIA aprobada el 23 de febrero de 2011 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para la construcción del proyecto denominado acueducto Independencia.
“Y es que la Corte en ningún momento señala que se anula el oficio tal. Nos dice: ‘tú, Semarnat, anula y repón tu procedimiento, retrotrae los efectos al momento de la consulta y ya con tu expediente armado simplemente incorpora el resultado de la consulta en materia indígena’”, expone la Semarnat.
Fugas ponen en riesgo al acueducto
Pintado de azul y blanco, en esta localidad nace el acueducto Independencia que, a través de tubos de acero de 52 y 48 pulgadas de diámetro, recubiertos de polímeros para evitar la corrosión, el gobierno de Sonora conduce el agua a Hermosillo a través de una tubería de casi 150 kilómetros serpenteando los municipios de Soyopa, Villa Pesqueira, Mazatán, Ures y Hermosillo.
El agua es extraída de la presa Plutarco Elías Calles o El Novillo a la que se llega después de seis horas desde la comunidad de Vícam por las carreteras México-Nogales y Hermosillo-Sahuaripa.
La red, enterrada a dos metros de profundidad, tiene 288 válvulas de escape que salen a la superficie cada cierta distancia —dependiendo de la pendiente del terreno— que, a decir del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua conformado por agricultores del Valle del Yaqui, son “tomas clandestinas” que surten a ranchos de amigos cercanos al gobernador, Guillermo Padrés Elías.
A la orilla de la carretera encontramos tubos abandonados de la marca Tubac, con la leyenda “Sonora SÍ, Sistema Integral Acueducto Independencia”, amontonados unos sobre otros, con bordes o protuberancias que pudieron ser ocasionadas por un mal manejo en el montaje o con defectos de fabricación.
El proyecto de casi cuatro mil millones de pesos consta de una obra de toma de agua directamente del vaso de la presa El Novillo, construida con acero estructural que, de acuerdo con documentos oficiales, debe alojar cinco bombas de mil 500 caballos de fuerza (HP), cuatro en operación y una de reserva.
Excélsior observó que sólo están instaladas cuatro bombas y sólo dos están trabajando, pero con algunas fugas que podrían comprometer la vida útil de la obra proyectada a 50 años.
Además, junto a los medidores y la tubería hay cajas de madera con herramientas y en el suelo pedazos de cable, polines, tornillos y soldadura.
Constatamos que el acueducto Independencia funciona a menos de la mitad de su capacidad, en lo que parece ser una fase de prueba, donde aún se deben corregir algunos problemas, lo que contrasta con las declaraciones del gobernador, quien asegura que actualmente 80% de la ciudad de Hermosillo se abastece del agua aportada por la Presa El Novillo.
Ante esta situación, Padrés Elías rechazó apagar las bombas con el fin de cumplir con la condición impuesta por la tribu Yaqui para sentarse a dialogar y levantar los bloqueos en la carretera federal número 15.
“Del consumo total del agua de Hermosillo, 80% ya la está proporcionando el acueducto. Si apagamos las bombas ese porcentaje de habitantes de Hermosillo se quedarían sin agua; eso sería muy grave”, advirtió el gobernador a medios locales.
En su punto máximo, el acueducto Independencia tendrá la capacidad de conducir un volumen anual de 75 millones de metros cúbicos de agua, en un servicio continuo las 24 horas del día.
Advierten los jefes: la vida no se negocia
Al menos 70% de las tierras de la tribu Yaqui son rentadas a acaudalados agricultores del sur de Sonora, pertenecientes al Distrito de Riego 041, quienes pagan tres mil 400 pesos anuales por hectárea, donde se siembra trigo, maíz, frijol y garbanzo.
Pedro, un indígena del pueblo de Belem-Pitahaya, de aproximadamente 65 años, sobrevive de la renta de cinco hectáreas (17 mil pesos al año), lo que representa un ingreso de mil 416 pesos al mes.
A pesar de que el dinero es poco, el hombre de tez oscura, huaraches tradicionales y paliacate asegura que es la única forma que tiene para salir adelante, por lo que seguirá luchando en defensa del agua hasta las últimas consecuencias, porque sus tierras sin dotación para riego no valen nada.
En esta zona desértica del noroeste del país, se desarrolla la primera guerra por el agua en México entre el gobierno estatal panista y los agricultores del Distrito de Riego 041 vinculados con el PRI, donde la peor parte la llevan los indígenas que, al no tener recursos para sembrar, optan por arrendar sus predios esperando mejores tiempos.
La amenaza que representa el acueducto Independencia para sus vidas es que nadie quiera pagarles por usar sus terrenos ante la falta del agua que históricamente les pertenece, la cual se está desviando hacia Hermosillo.
Mario Luna Romero, secretario de la Autoridad Tradicional Yaqui, explicó que la tribu cuenta con 24 mil hectáreas, pero solamente puede explotar 14 mil hectáreas “debido precisamente a la escasez del agua”.
Detalló que otras cuatro mil hectáreas ya no se pueden cultivar porque están completamente “ensalitradas”, por la cercanía con el mar y la falta de escurrimientos, lo que prácticamente tiene al borde de la extinción al río Yaqui, que servía como barrera natural contra el agua salada.
En entrevista con Excélsior, reconoció que la renta de la tierra la autorizó la autoridad tradicional ante la carencia de créditos de la banca de desarrollo y los nulos apoyos para impulsar la producción de alimentos.
“Hemos encontrado miles de trabas, lo que el gobierno del estado quiere es que nosotros dejemos de producir, para poder seguir argumentando que somos una bola de flojos, que nosotros no queremos la paz, el progreso y el desarrollo, cuando es precisamente por lo que estamos luchando. La mano de obra que sale de aquí a los campos agrícolas del Valle de Guaymas, Empalme y el Valle del Yaqui es de la mejor calidad.”
El dirigente indígena advirtió que por ningún motivo la tribu Yaqui va a ceder en su lucha, porque con la vida no se negocia y “el hecho de que nos roben el agua significa que nos están arrebatando la vida presente y futura de nuestros hijos, y eso no lo vamos a permitir.
“A estas alturas, al gobierno ya le debe quedar bien claro que no vamos a claudicar en nuestra defensa, sea aquí en la carretera o sea en la sierra. Nosotros en estos momentos estamos haciendo una defensa jurídica, una defensa pacífica, pero si esto no funciona, tendremos que volver a la estrategia militar, como nuestros antepasados, para defender la tierra que nos heredaron.”
Luna descartó que las acciones de protesta dependan del apoyo de priistas del Distrito de Riego 041 y del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua, encargados de suministrar alimentos a los yaquis apostados en la carretera y dotar de tractores para bloquear los caminos.
“En este momento probablemente sí haya bastante interés de los partidos de oposición, no nada más del PRI, porque aquí han estado diputados del PRD, senadores del PT y legisladores del Verde. Obviamente el PRI, que es el grupo político más fuerte del Valle del Yaqui, apoyan la causa, pero que el movimiento esté operado o manipulado por el PRI, eso es falso”, manifestó.
Abundó que la tribu Yaqui está compuesta por 45 mil habitantes distribuidos en ocho pueblos y 56 localidades, donde nadie tiene agua potable y sólo 30% de la población cuenta con agua entubada sin tratamiento.
“Estamos tomando agua del subsuelo contaminada con agua salada, con desechos agrícolas; hay pueblos que toman agua incluso de los drenes de desagüe agrícola (...) El gobierno dice que Hermosillo tiene sed, cuando nosotros históricamente hemos tenido sed, aquí en esta tierra.”
Texto editado.
Tomadoi de:
http://www.excelsior.com.mx /nacional/2013/07/14/908790
