HERMOSILLO.- Con un llamado enérgico al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento y al Director de Seguridad Pública de Nogales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos condena enérgicamente el ataque contra la diputada Guadalupe Gracia Benítez por parte de agentes municipales.
Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, destacó que desde el momento de la agresión policíaca instruyó al Visitador Regional para que tomara por oficio la queja y se entrevistara con la legisladora sonorense para conocer de viva voz los hechos e integrar el expediente correspondiente.
El Ombudsman sonorense describió que la entrevista se realizó en el hospital donde la diputada Guadalupe Gracia recibía atención médica luego de la deplorable acción policíaca que expresa una clara violación a las garantías y Derechos Humanos de la representante social cuando participaba en el desfile conmemorativo del Día del Trabajo.
Ramírez Ramírez detalló además que personalmente sostuvo una plática telefónica con la ofendida, por lo que este Organismo ya realiza las investigaciones para deslindar las responsabilidades a cada uno de los policías y funcionarios públicos que participaron en estos lamentables hechos.
Expuso que después del acercamiento con la legisladora, los hechos sucedidos comentó que fueron por la intención de parar un tráiler que participaría en el desfile del 1º de Mayo, desde aquí ya hay una violación a la libre expresión, sentencio el Presidente de la CEDH Sonora.
Dijo que no se descarta ninguna línea de investigación y se va actuar desde la legalidad con justicia, transparencia, imparcialidad y contundencia; dicha investigación puede tardar entre uno y 3 meses y se tendría como resultados desde una sanción administrativa, el pedido de juicio político al Presidente Municipal o el inicio de una acción penal contra los agentes involucrados.
El también Secretario General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), reiteró el compromiso de velar por los Derechos Humanos de los sonorenses sin importar su estatus o condición y que actuará con todas las disposiciones legales contra los funcionarios públicos responsables de este condenable acto que denigra a las personas y transgrede el Estado de Derecho en Sonora.
