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Son un cáncer social, causantes de miles de tragedias que afectan principalmente a las familias mexicanas, y dentro de ellas, a las mujeres.
La madre, la esposa, la hija... Pasan horas y más horas perdiendo lo que tienen.
Ahora Monterrey se convirtió hace días en el primer municipio que convierte en realidad, respecto a los casinos, el adagio de que “papelito habla”.
Para operar, las casas de apuestas requieren de un permiso de uso de suelo por parte de la autoridad municipal, así que los empresarios del juego saben que es menester la anuencia de los alcaldes para poner sus negocios.
¿Qué necesita un casino? Primero, un permiso federal para operar, permiso emitido por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Muchos casineros no tienen ellos mismos un permiso, pero se alían con tenedores de permisos para poder operar casas de juego.
Luego se necesita cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento.
La primera es una carcacha que data de 1947, y el reglamento tiene algunos parches, los más nuevos del 19 de octubre de 2012.
Finalmente los empresarios del juego necesitan permisos municipales apropiados, según el sitio donde quieran instalarse. Se trata en conjunto de una situación compleja, gris, ambigua, que ha permitido a muchos trabajar de forma equívoca.
Un ejemplo es el caso del casino Royale, de triste memoria. El establecimiento funcionó bajo la sombra de varias licencias, a medida que sus dueños buscaban a socios poseedores del documento federal, y también operó bajo supuestos de permiso municipal, no siempre claros.
Los tres ámbitos del poder político participan en la operación de los casinos. El Poder Legislativo define el marco regulatorio de su funcionamiento y la verdad el marco requiere actualización: Ley de Juegos y Sorteos tiene 66 años de edad y se le notan.
El poder Ejecutivo se encarga de asegurar que los casinos operen conforme a la ley y el poder federal se hizo pato por décadas; los de nivel estatal se recargaron sobre los municipios, y los de nivel municipal le echaron la culpa a los jueces que dieron a los casineros amparos que les permiten funcionar, aunque violen la ley o su reglamento.
En Monterrey se dio hace días un acto inusitado. La alcaldesa Margarita Arellanes puso a su gente a buscar la documentación existente sobre casinos y la puso en línea: halló 12 establecimientos con algún tipo de permiso válido (algunos dudosos), seis que funcionan bajo amparos ordenados por jueces, nueve cerrados por diversas causas y 10 que no pudieron mostrar documentación municipal.
A estos últimos los clausuró. Sus actos, papelito habla, ya fueron avalados por el gobernador Rodrigo Medina.
Llegamos así a una situación en la que, a falta de actualización legislativa, de lo que se trata es de aplicar la ley. El Poder Ejecutivo, en Monterrey, buscó registros documentales y cerró los casinos sin papeles claros.
Ahora viene la parte clave: ¿Hallarán los casinos jueces que les permitan operar pese a la falta de papeles?
Son autónomos, sí, pero llegó la hora de ver si esa autonomía se apega a la ley o sigue, como hasta ahora, cediendo al mejor postor. Es la hora de los jueces.
