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Sin permiso para la construcción o cambio de uso al agua de la presa El Novillo, el gobierno de Sonora cae cada vez en más violaciones a las leyes, declaró Adalberto Rosas López.
En una marcha del Movimiento Ciudadano por el Agua hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, el dirigente social expuso que El Novillo fue construida para generar energía.
Y no se sabe que haya aparecido un decreto presidencial para cambiar el destino del agua, mucho menos hay una autorización para comenzar a construir un acueducto, precisó.
Si acaso existiera ese permiso, dijo, se le agregaría a la demanda interpuesta por productores del Valle del Yaqui contra la construcción del ducto hacia la capital del Estado.
Fueron recibidos por el superintendente de la CFE en Cajeme, José Jesús Salcido Mendívil, quien dijo que no es el poseedor de esa información.
Por lo tanto, expuso, habrá de solicitarla a sus superiores a fin de responder correctamente a los planteamientos de los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua.
En la manifestación participaron también dirigentes de diversos organismos agropecuarios, el diputado federal Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y el dirigente del Distrito de Riego, Aquiles Souque Brito.
El legislador lamentó que el gobierno de Sonora caiga en la provocación, al pretender hacer creer que nada ni nadie podrá detener sus planes de llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui.
“De inicio, existen dos amparos que le impiden ni siquiera que haya dado un fallo en la licitación, mucho menos iniciar la obra; esto parece mas que nada un marrullero ardid para descontar de un golpe mañoso a los opositores”, subrayó.
Si el gobierno pretender salirse con la suya, le costará a la larga más caro a los propios hermosillenses, porque el agua del acueducto les saldrá cuatro veces más costosa de lo que pagan actualmente.
“Nada mas de la pura agua, traída desde el Novillo a Hermosillo, bombeada a más de 500 metros de altura para luego conducirla por gravedad, costará 9 pesos antes de potabilizarla, más lo que cuesta la conducción hasta los domicilios, por eso digo que los más perjudicados serán los hermosillenses” explicó.
La administración estatal no tiene ni permisos ambientales, ni tampoco contará con los 400 millones de pesos de la Federación, sostuvo, sino hasta que cumpla legalmente con trámites ambientales, proyecto técnico y otros aspectos legales.
