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Más que la fuerza pública, el gobierno federal debe darle una salida negociada al conflicto minero de Cananea, declaró Olegario Carrillo Meza.
El coordinador ejecutivo nacional de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) no se debe reprimir a mil cien obreros que luchan por mantener su fuente de trabajo.
En todo caso, se debe recurrir a una solución que beneficie a los trabajadores y sus familias y respete las leyes fundamentales del país, consideró.
Los mineros, dijo, han denunciado múltiples irregularidades y parcialidad en el proceso por parte de una autoridad laboral, cargada a favorecer a la parte patronal.
Esa actitud del gobierno federal viola flagrantemente la Constitución, precisó, al atentar contra el derecho de huelga amparado por la Ley Federal del Trabajo.
Recordó que hace un año la huelga de Cananea fue declarada legal y existente en tres ocasiones, por lo cual la decisión de concluir las relaciones de trabajo viola directamente uno de los derechos más elementales del marco legal mexicano: el derecho de huelga de los trabajadores.
“Estos hechos se suman a la reciente embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas y la desaparición de su fuente de trabajo que afectó a más de 40 mil familias, al maltrato a los mineros y sus familias en Pasta de Conchos.
“Se trata de una clara política de agresión a los trabajadores y las organizaciones gremiales que no comparten la visión del grupo en el poder”, añadió.
No es bueno hacer comparaciones históricas, dijo, pero se ve el paralelismo entre un gobierno empeñado en favorecer los intereses de los grandes empresarios, por encima del marco legal y afectando a la gente más humilde, y la dictadura de hace cien años.
