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Ciudad de México.- Como una forma de prevenir un enfrentamiento violento en Cananea, Sonora, la Cámara de Diputados acordó hacer un llamado al presidente Felipe Calderón para que en el conflicto laboral que se registra en la mina “impere el respeto al derecho de huelga, se privilegie la vía del diálogo para su resolución y se evite el uso de la fuerza publica”.
En un acuerdo alcanzado en la Junta de Coordinación política de este órgano legislativo, se acordó también hacer un pronunciamiento “en contra de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo de los mil 200 trabajadores de la empresa minera, que determinó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista Javier González Garza indicó que por vía de un exhorto, la cámara baja acordó asimismo manifestarse en contra del uso de la fuerza pública para resolver la huelga minera.
“No queremos violencia en estos momentos, ni en ningún momento en este país, y menos por un problema obrero-laboral”, señaló.
Asimismo, aclaró que la preocupación de los coordinadores parlamentarios se debe principalmente a los antecedentes históricamente de conflictos en esa mina; de ahí que el pronunciamiento que se hará este jueves en tribuna, será una especie de medida preventiva a enfrentamientos violentos.
En este sentido, precisó que en la discusión de los líderes parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política, no giró en torno “a quién tiene la razón en este conflicto (el sindicato minero o la empresa Grupo México) sino en previsión de actos violentos.
“Lo que estamos diciendo es que queremos un asunto preventivo, llamar a las autoridades a que se respete la ley. No estamos de acuerdo con que se eliminen los contratos individuales y colectivos de trabajo”, dijo.
Y como pensamos que el conflicto seguirá --puesto que el sindicato buscará un amparo—los ocho partidos políticos con representación en la Cámara acordamos hacer un pronunciamiento para que en el conflicto laboral no se vaya a utilizar la fuerza pública, a fin de evitar estallidos de violencia en esa región.
