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Apenas lleva una cuarta parte de su gobierno, pero con la ratificación de Odracir Espinoza Valdez como fiscal Anticorrupción, desde ya, la gobernadora Claudia Pavlovich se cuida las espaldas para cuando concluya su gestión en el 2021.
La maniobra para imponer un fiscal transexenal, OEV estará hasta el 2024, algo que intentaron sin éxito los hoy prófugos de la justica César Duarte y Roberto Borge, ex gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente.
Con todo y que las cartas credenciales del fiscal son a destacar por su sólida formación académica, así como reconocimientos como el Abogado del Año en el 2014, lo cierto es que su militancia priista y su cercanía a Pavlovich lo cuestiona de origen.
Su credibilidad está bajo sospecha porque se trata de un funcionario que debe su carrera burocrática a la mandataria estatal desde sus tiempos de regidora en el Ayuntamiento de Hermosillo. Es decir, carece de independencia para investigar.
Hay antecedentes fallidos al respecto, como cuando el gobierno de Peña Nieto designó a un subalterno de Luis Videgaray para que investigara el conflicto de interés con el Grupo Higa por la adquisición de la famosa Casa Blanca y la de Malinalco.
Luego entonces, se esperaría un actuar distinto para generar confianza en la ciudadanía hacia la instancia, pero no, se apostó a dejar a un personaje afín que no represente riesgos cuando se deje el poder y evitar así la pena de solicitar amparos.
Aunque el fiscal afirmó que no habría justicia selectiva al perseguir a quienes cometieron actos de corrupción, hasta el momento sigue pendiente investigar a personajes que desde sus gobiernos apoyaron la campaña del Otro Sonora Ya.
Se presume de que se actuó contra el ex alcalde priista de San Javier por auto comprarse el palacio municipal, pero son charalitos en comparación a los presuntos desfalcos que ocurrieron en los municipios de Nogales, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, entre otros.
Por eso, cuando en septiembre pasado rindió su informe, un cándido Odracir Espinoza se ufanaba de lo logrado en la fiscalía, sin advertir que al mismo tiempo incriminaba a su partido por el legado de corrupción e impunidad gubernamental.
Con base en números del Poder Judicial, exaltó que “nunca en 35 años en Sonora se había consignado a un funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito” y agregó que solo se había tocado a un puñado de empleados de bajo rango.
Pero omitió decir que ninguno de los funcionarios que él persigue son compañeros suyos en la actual administración que podrán ser inocenes, pero eso no se sabrá porque no son investigados.
