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Jueves 17 de Ago de 2017

¿Quién inició los conflictos por el agua?

Marcelino Pérez Arenas
Martes 16 de Julio de 2013

¿QUIÉN DESPOJO DE SU AGUA A LA TRIBU YAQUI?

Los gobiernos emanados del PRI, Presidentes de la República, Gobernadores y Funcionarios Federales, que desde 1940 le condicionaron el usufructo del recurso hídrico conforme avanzara su agricultura, pero el estado jamás se ha ocupado de crear la infraestructura necesaria, ni de dotarlos de los factores indispensables para la producción.

Disponen de un territorio finalmente etéreo, la mitad del agua de la presa La Angostura jamás les ha llegado, y del río Yaqui, sólo tienen charcos, ya que durante el Gobierno de Miguel Alemán Valdés, cuando construyeron la Presa El Oviachic, desviaron las aguas del rio Yaqui para que su cauce corriera por el margen izquierdo, sobre el canal principal y se fuera directo a regar las tierras de los yoris (blancos).

En la época de los 80s, no solamente se consolidó el valle agrícola, sino que también se repartió el agua del río Yaqui mediante un acueducto a la mina La Caridad, de Nacozari, perteneciente al Grupo México, desde fines del periodo de López Portillo. Además, en 1991 el propio gobierno federal construyó otro acueducto, para beneficiar al área urbanizada de Guaymas-San Carlos.

En ambos casos los ricos agricultores del Valle del Yaqui y la tribu ni siquiera pestañearon.


¿QUIÉN DIVIDIÓ A LA TRIBU YAQUI?

Los gobiernos emanados del PRI con la evidente intención de debilitamiento de la nacionalidad yaqui, desde fines de la década de 1980 los gobiernos Federal y Estatal han alterado la organización sociopolítica del pueblo yoeme.

La puesta en marcha de los planes gubernamentales ha implicado la redefinición del conjunto de autoridades y, más que eso, una profunda escisión en las comunidades, pues en esta dinámica intervienen tanto las autoridades civiles comunitarias, como las religiosas.

Al imponer a un gobernador, es necesario que éste cuente además con un conjunto de autoridades que lo complementen y lo legitimen como tradicional.

Por ello, junto a la gubernatura espuria, que puede surgir ya sea del interés de un grupo, o dictada desde el exterior (es decir, torocoyori, ladina, traicionera), existen más de un capitán, más de un maestro mayor y una iglesia, más de un pueblo mayor, etc.

Finalizando la gubernatura de Félix Valdés, la intromisión estatal se realizó con la implementación del fideicomiso nombrado Programa de Apoyo Técnico Integral a las Comunidades Yaquis (PATICY), que dio nombre al grupo político que lo operó, “Los Paticys”. En contraparte, varios de los gobiernos tradicionales se agruparon para contraponerse a lo que consideraron una actuación desleal al pueblo, conociéndose este grupo como “los del Bahugo”.

La duplicidad inducida de autoridades permitió en el año de 1997 la firma de un “convenio” entre el Estado y la supuesta totalidad de representantes de la etnia, por el que ésta aceptaba recibir la risible cantidad de 40 millones de pesos a cambio de los territorios que le habían sido invadidos, correspondiendo 600 hectáreas a las Isletas de Cócorit y 1,752 al área llamada La Cuchilla.

Aunque dos pueblos no aprobaron la propuesta –Vícam Pueblo y Pótam–, el documento fue firmado por ocho gobernadores; en ambos pueblos se crearon gubernaturas paralelas apoyadas por el gobierno estatal, ya que lo definitivo, en esa concepción del Estado, es un documento firmado.

Además, a pesar de que el territorio reintegrado por Cárdenas a la “tribu” fue de alrededor de 489 mil hectáreas, la superficie referida en el convenio, y que se legitimó con un decreto de Ernesto Zedillo, estableció una delimitación de aproximadamente 454 mil hectáreas, mostrando así una reducción de cerca de 35 mil hectáreas.
Las autoridades tradicionales posteriores iniciaron un proceso demandando la restitución de inclusive 45 mil hectáreas, en contra de los supuestos artífices de las transacciones, el entonces Gobernador Manlio Fabio Beltrones y el ex-Presidente Zedillo.

Sus 40 millones de pesos no han sido cobrados; aun cuando esa cantidad ha ido en aumento debido a su resguardo, y a pesar de que las comunidades enfrentan necesidades, por encima de sus diferencias ideológicas, consideran que su soberanía no tiene precio.

¿QUIÉN HA POLITIZADO DESDE UN PRINCIPIO EL CONFLICTO POR EL AGUA?

El PRI, desde el 2012 utilizó abiertamente este conflicto como bandera política, igualmente en el 2013 con el Distrito 17, actualmente a como vemos, el asunto del bloqueo de Vícam y la problemática yaqui, van más allá del intercambio de improperios que empresarios y gobierno del centro lanzan a los yaquis acusándolos de no querer soltar agua para Hermosillo, y la respuesta simplona de los empresarios de Obregón, acusando de ladrones a los del centro cuando hasta la SCJN avalo el trasvase preventivo de agua.

Sin embargo, el error de los yaquis es subordinar su política a la de los grupos del PRI, limitando una causa justa, la defensa de su patrimonio, a los métodos e intereses de los agricultores ricos del Valle del Yaqui quienes confiaron más en su peso político y en la trama jurídica para vencer a sus contrincantes panistas que los han desplazado del centro sonorense, y en ninguna de las dos posturas han mostrado respeto por la etnia, ni el menor interés por sus ancestrales problemas, porque iría en contra de sus propios intereses.

Pero además se consumió demasiado tiempo esperando ilusamente que el nuevo Presidente de la Republica emanado del PRI traería automáticamente una solución conforme a los intereses de los caciques del valle, lo cual hasta el momento no ha sucedido, y no ha sucedido porque dar un giro de 180 grados en las condiciones de debilidad del gobierno del centro no es una maniobra fácil; requiere de amarrar muchos cabos sueltos.

Es hora de rebasar los mezquinos intereses de las oligarquías del centro y el sur de Sonora poniendo por delante el interés de sobrevivencia de los yaquis y las necesidades sociales y políticas en función de los intereses de las clases populares sonorenses.


Ing. Marcelino Pérez Arenas, 12 Julio 2013

 
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