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El Gobierno del Estado, a través de los Titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía, ofrecen diversos argumentos que se contraponen en la “justificación” del incremento desmedido de impuestos a las familias sonorenses para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013.
Por un lado plantean que se buscan recursos económicos, de donde sea, para impulsar el desarrollo de los municipios quebrados financieramente por la mayoría de los ex presidentes municipales de extracción panista.
Por otro lado, la urgencia de recursos para el pago de la deuda heredada de administraciones anteriores.
Además, señalan que en otros estados se cobra el impuesto a la tenencia vehicular. Si, pero no dicen cuanto se paga. Por ejemplo en el estado de México con 30 millones de habitantes el estado recibe ingreso por este impuesto alrededor de 200 millones de pesos al año. En cambio en el Estado de Sonora con dos millones de habitantes pretenden obtener 800 millones de pesos al año. Situación que esta de todo lógico de política fiscal. Estos argumentos pierden vigencia ante el análisis de la evolución y comportamiento de la deuda del Estado de Sonora.
Es conveniente recordarles a estos funcionarios que en casi todas las economías modernas, el gasto así como la deuda pública se convierte en arma de dos filos;el lado favorable es que si se tiene contemplados los aspectos técnicos y las condiciones económicas lo ameritan el endeudarse puede reactivar la economía, incrementando con ello el bienestar social y poder solventar dicho compromiso con los ingresos que generó el endeudarse; por otro lado, el desfavorable o negativo, es que la decisión sea fundamentalmente política y que la deuda se convierta en una bola de nieve afectando negativamente a la región, generando con ello problemas de corto y largo plazo,impactando el bienestar social.
Desafortunadamente este último impacto es el que nos quiere brindar a nuestra sociedad el gobierno del nuevo Sonora.
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (2003 al 2010)
Los compromisos de los gobiernos de esos períodos, de corto y largo plazo, oscilaron entre los 4,130 y 3,700 millones de pesos.
Sin embargo en el 2009 se incurre en la deuda denominada Plan Sonora Proyecta (PSP) y se incrementó en 8,454 millones de pesos, pero separada a través del fidecomiso PSP.En el 2010 la deuda del estado del actual gobierno se incrementó en casi 6,000 millones de pesos sin contar el compromiso del PSP.
En el año 2011 se reestructuró la deuda pública del estado de Sonora bajo al amparo del decreto 76, que autoriza la restructuración de hasta 8,500 millones de pesos de deuda directa del estado.
En ese mismo año, ante la restructuración de la deuda, el gobierno celebro diversos convenios moratorios con la finalidad de mejorar ciertas condiciones financieras, que permitieran una mayor holgura en las finanzas públicas. Así mismo se recurrió a un financiamiento de largo plazo con Bancomer por 807 millones de pesos.
Este proceso impacto el presupuesto 2011 de manera significativa ya que sus efectos no estaban considerados en el paquete económico presentado al H. Congreso del Estado en virtud de que el decreto que autorizaría el refinanciamiento de la deuda ocurrió el 30 de noviembre del 2010, y quince días antes se presentó el proyecto de presupuesto. Bajo esta lógica se debió de aprobar el decreto de restructuración y los impactos que se generarían se deberían de haber incorporado en el proyecto de presupuesto 2011.
El monto que se refinanciaron fue de 8,433 millones de pesos, observándose así lo dispuesto en el decreto 76.El refinanciamiento y de acuerdo a los créditos operados el monto de efectivo que afecto el comportamiento del presupuesto 2011 fue de casi 5,000 millones de pesos.
Adicional a la restructuración, en el 2011 se obtuvieron dos créditos que se incorporan al saldo al cierre del 2011, siendo un contrato de hasta 339 millones de pesos destinados exclusivamente para resolver las necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución de inversiones públicas productivas a cargo del gobierno del Estado.El segundo fue un contrato por un monto de 199 millones de pesos, los cuales se destinaron exclusivamente para brindar apoyo financiero a los municipios.
Uno de los graves problemas que enfrentara el Estado es que son créditos de corto plazo ya que su vencimiento fue el 30 de diciembre del 2012. Además de los 260 millones que se debieron de pagar a mediados del año pasado.
LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN SONORA
Es pertinente señalar que en los saldos de 2011 se incluye el saldo del financiamiento del Plan Sonora Proyecta (PSP) por 4,419 millones. Así, el saldo de la deuda directa a largo plazo del gobierno del periodo del 2010-2011 aumentó 4,611 millones de pesos, lo que representa un 84%. Lo anterior derivado del reconocimiento como deuda pública del fideicomiso (PSP) y de la capitalización de los intereses correspondiente al periodo de dicho crédito.
El saldo de la deuda pública al corto plazo, en el mismo periodo, presentó un aumento 347 millones, lo que representa un total de 822 millones pesos.
Al considerar los saldos de deuda directa de corto y largo plazo y el efecto de las reservas, se observa que en el periodo 2010-2011 se tuvo un aumento de 4,943 millones de pesos; lo cual representa un aumento total de 84.4%, que básicamente refleja el reconocimiento como deuda directa del crédito que se encontraba a cargo del fideicomiso de financiamiento de PSP, el cual fue liquidado en el 2011.
Bajo este contexto y sumando la aprobación del presupuesto 2012, ocho meses después, se confirma la hipótesis de que la aprobación y distribución del presupuesto es más de orden político que sustentado en el Plan de Desarrollo del Estado, con una visión más ligada al desarrollo regional.
REFORMA A LA LEY DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
El 15 de mayo del 2012, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron la iniciativa de reforma a la Ley de la Deuda Pública del Estado de Sonora.
La fundamentación de esta iniciativa se basa en la reforma al Artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, permitieron que ciertos fondos de aportaciones federales (el fondo de aportaciones para la infraestructura social, que comprende el ámbito municipal y estatal, y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas respectivamente) pudiesen ser utilizados tanto por el estado como por los municipios, como garantía y fuente de pago de créditos que adquieran tanto los gobiernos estatales, como los ayuntamientos.
Además plantean “la generación de posibilidades de acceso a créditos garantizados con instrumentos no convencionales y con niveles de certidumbre sobre su permanencia y aceptación en medios bancarios, constituye un elemento fundamental para el fortalecimiento de las haciendas públicas y municipales”. Así se presenta una posibilidad de disponer de recursos de manera anticipada y con un destino específico permitiría a los ayuntamientos, impulsar obras prioritarias, en la mayor parte de los casos con mezcla de recursos a los que ahora podrán acceder gracias a la capacidad que le proporciona la disposición anticipada de una parte de sus flujos (se limita al 25%) de ingresos mediante el financiamiento obtenido bajo el esquema propuesto y que deriva de la ley de coordinación fiscal.
Hay que resaltar que la reforma al Artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, hizo posible que las legislaturas de los estados pudieran aprobar, en sus respectivas leyes de deuda, que tanto los estados como los municipios puedan afectar sus fondos de aportaciones para garantizar su endeudamiento inclusive para pagar su compromiso. Sin embargo, se puede considerar que existen algunas circunstancias que puede complicar que una reforma en este sentido sea benéfica para los municipios y los estados del país.
En el caso de Sonora, uno de los problemas principales radica en que el proceso mediante el cual se aprueba el monto de la deuda para los municipios recae en una decisión fundamentalmente política, es decir, la ley no establece aspectos técnicos que contemplen la capacidad y la viabilidad de los municipios para contraer endeudamiento.
Otro de los aspectos que deberán considerarse en la aprobación radica en el destino que deberán darse a los mismos, dado que los fondos derivados de las aportaciones tienen una finalidad predeterminada, las leyes de deuda pública de los estados deberán ser muy cuidadosos de establecer como deberá ser el manejo y el destino derivado de la deuda.
COMENTARIOS FINALES
La situación por la que atraviesa el Estado, en relación con las cuentas públicas es lamentable y presenta una clara tendencia al deterioro, lo que podría poner en riesgo las finanzas estatales al estar comprometidas una mayor cantidad de recursos para el pago de la deuda por las siguientes razones.
En 2010 la deuda pública del Estado incremento su proporción en PIB estatal (la más alta a nivel nacional y más del doble de la media nacional de 2.5) y en varias veces al ahorro interno.
El endeudamiento no guarda relación con los niveles de inversión, por lo que se destina a solventar gasto corriente.
Es conveniente señalar que en la página electrónica de SHCP la deuda estatal ascendió a 13,160.2 millones de pesos, cifra que rebasa con mucho la información presentada en el cuadro 2.
Por otra parte, la recaudación presupuestal (al no aprobarse el presupuesto 2012, se aplica el presupuesto del año anterior) presentó una reducción de casi el 20% en el presupuesto 2012 afectando principalmente los programas educativos y de desarrollo social. Urge por lo tanto, corregir los desequilibrios que generó la restructuración de la deuda así como establecer los mecanismos técnicos que contemplen la capacidad y viabilidad de los municipios para contraer endeudamiento.
Otro de los aspectos que se deben de considerarse en la aprobación de la reforma a la ley radica en el destino que deberán darse en el manejo y el destino derivado de la deuda.
En conclusión, el Estado de Sonora presenta un deterioro significativo en sus finanzas públicas al presentar déficit presupuestario y una baja recaudación fiscal, así como una alta dependencia de los ingresos federales, los cuales representan casi el 90%, lo que en el mediano plazo pone en peligro la continuidad de los flujos de pago del endeudamiento adquirido.
Sin embargo esta situación de ninguna manera fue provocada por la sociedad sonorense y si por los malos manejos y falta de transparencia y opacidad de la administración Estatal.
El valor de los impuestos de 1,700 millones de pesos representan tan solo el 4% del total del presupuesto del 2013, más aún, los ingresos generados por el impuesto COMUN (tenencia vehicular) oscilan en 800 millones de pesos, cifra que representa el 1.8% del total de los ingresos presupuestados para el 2013, que pueden ser sustituidos por la disminución del excesivo gasto corriente (sueldos, salarios, bonos y prestaciones) que ejerce el gobierno del estado, y como propuesta se puede mantener dicho estatus gubernamental por medio de los otros impuestos.
Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Maestro de Tiempo Completo de la Universidad de Sonora
