|
CD. DE MÉXICO.- Senadores del PRI y el PVEM presentaron ayer su propuesta para la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en la que dejan a consideración de los funcionarios incluir montos y detalles en su declaración patrimonial, lo que deja fuera la llamada Ley 3de3.
El documento firmado por el priista Raúl Cervantes y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, incluye cinco de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción e incorpora la palabra “podrá” con respecto a los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.
“Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, señala la propuesta de redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con lo que da libertad a los funcionarios públicos de detallar o no su declaración patrimonial, dejando fuera la iniciativa ciudadana “3de3”, que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.
La Ley 3de3, impulsada por organizaciones ciudadanas, propone que todo funcionario público esté obligado a presentar su declaración patrimonial, su declaración fiscal y de conflictos de interés de manera periódica y pública.
También propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
El movimiento que promueve la iniciativa pide rediseñar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sancionar a particulares por hechos de corrupción.
Sin embargo, la propuesta del PRI y PVEM presentada ayer es contraria a las exigencias de la Ley 3de3, pues no sólo da libertad a la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, también establece que sus familiares deberán otorgarles una autorización expresa para incluir sus datos en la declaración.
Estas condicionantes también aplicarían para la declaración por posible conflicto de interés.
En el caso de las declaraciones de impuestos también se deja a voluntad del funcionario la posibilidad de revelar su contenido y plantea que sólo sea pública la constancia emitida la autoridad fiscal para comprobar que fue presentada la declaración anual.
“Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la documentación que las sustentan, se mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para aplicar esta ley”, dice el documento.
Los coordinadores del PAN y del PRD se manifestaron en contra de la propuesta del PRI y el Verde.
Contexto
Con la exigencia de un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción, el 6 de abril, integrantes de asociaciones civiles entregaron al Senado de la República 634 mil 143 firmas para que se considere la Ley 3de3 dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para hacer obligatorio que todo funcionario presente su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.
La adecuación a la legislación está siendo discutida en el Senado dentro de las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, de las cuales aún no hay fecha de cuándo serán aprobadas, sin embargo tienen 72 horas para abrir la discusión, y de ser necesario ir a un periodo extraordinario.
