Rabia, indignación, impotencia, frustración, son solo algunos de los sentimientos negativos que suele provocar la administración de la justicia en México. Este es un nuevo caso:
La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez a 22 empleadas de la Guardería ABC —entre maestras, nanas y la directora— al considerarlas como probables responsables, aunque de forma no intencional, de la muerte de 49 niños en un incendio ocurrido en el 2009 en ese establecimiento, y de las lesiones que padecieron decenas de menores más.
Autoridades de la PGR indicaron que se determinó proceder en contra de estas personas dado que eran las que se encontraban laborando de turno en la guardería en los instantes en que incurrió la tragedia, por lo que el Ministerio Público consideró que tendrían una responsabilidad no intencional.
La PGR hasta ahora no ha precisado oficialmente la identidad de ninguna de las cosignadas, pero se confirmó que se trataba exclusivamente de trabajadoras de la guardería y que no hay funcionarios u políticos involucrados en las consignaciones.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres de las víctimas de la tragedia, calificó como “errónea” la determinación de la PGR porque, dijo, se procede en contra de quienes sufrieron lesiones y pusieron en riesgo su vida al tratar de salvar a los menores, “y no contra los verdaderos culpables de la conflagración”.
Tras señalar que ya interpuso una queja ante la PGR, el abogado explicó que entre las personas contra quienes se emitiría una orden de aprehensión está una empleada madre de una niña que sufrió quemaduras en 95% de su cuerpo. “Esa niña está en la disyuntiva de que su propia madre pueda ir a la cárcel”, dijo el abogado, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.
La delegación de la PGR en Sonora responsabilizó a los empleados de la guardería por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, los cuales no son considerados graves, por lo que los implicados podrían alcanzar una fianza.
Por lo pronto, la PGR solicitó al juez que emita las órdenes de aprehensión en contra de los empleados, quienes, según la PGR, son trabajadores que laboraban el día de los hechos en ese establecimiento. No están incluidos otros exservidores públicos.
