La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que de acuerdo a sus investigaciones técnicas María de Jesús Llamadas, conocida como La China, no se suicidó en su celda con un cable de televisión, como había inmformado la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El 5 de octubre de 2013, la China fue hallada sin vida en una celda de la Policía Estatal Inverstigadora en Guaymas, lo que se informó al agente del Ministerio Público de esa localidad, por lo que se inició la averiguación previa respectiva.
El 5 de noviembre de 2013, peritos de la CNDH inspeccionaron la base operativa de la Policía Estatal Investigadora en Guaymas, y advirtieron que la autoridad ministerial y sus auxiliares omitieron resguardar el lugar donde fue encontrada sin vida.
Estas irregularidades, refirió, ocasionan que no se cuente con elementos técnico científicos que permitan establecer que la muerte de la mujer derivó de "maniobras observadas en personas que se han privado voluntariamente de la vida".
Los peritos de la CNDH determinaron que personal pericial de la PGJE emitieron un juicio de valor que no les correspondía, al señalar que la causa de muerte de la víctima "fue asfixia por ahorcamiento, conclusión que únicamente podría dictaminar el médico forense".
Tras la exhumación del cadáver de la víctima, la CNDH concluyó que la causa de la muerte fue "asfixia mecánica", con lo que se da cuenta que el fallecimiento "no fue producido de manera autoinfligida".
Asimismo, el perito del organismo defensor precisó "que no encontró indicios objetivos que fundamenten y sustenten que la causa específica de la muerte haya sido consecuencia de asfixia por ahorcamiento".
La CNDH también refirió que existen faltas de diligencia, a fin de que la indagatoria contara con elementos suficientes para establecer los hechos con exactitud.
"En consecuencia, una seria limitación al derecho a conocer la verdad que merece ser reparado a los familiares de la víctima", expuso.
La CNDH indicó que la Fiscalía debe aclarar fehacientemente la falta de elementos para establecer el suicidio de la víctima, ya que al difundir esta versión por el procurador estatal, se atenta contra la imagen y el honor de la víctima, además de la revictimización de los familiares.
La CNDH recomendó al Gobierno del Estado de Sonora se proceda a la reparación del daño ocasionado a los familiares de la víctima y se les brinde la atención médica y psicológica necesarias durante el tiempo que sea necesario
